El tema de la productividad empieza a asomarse en la superficie de México. Pasado el entusiasmo de las reformas energéticas, de telecomunicaciones, laboral, fiscal o política, la realidad indica que el país debería duplicar su productividad para alcanzar la tasa de crecimiento promedio de 2,7% que tuvo los últimos 20 años, según un estudio de Mc Kinsey.

Si bien en México operan grandes compañías que han elevado su productividad; estas empresas emplean el 20% de la fuerza laboral registrada. La mayoría de las empresas, no desarrollan metodologías modernas de gestión y emplean el doble de trabajadores.

El exceso de regulaciones y la baja flexibilidad laboral son incentivos para continuar en la informalidad. La informalidad está directamente emparentada con la baja productividad.

Los costos para crear una empresa formal son relativamente altos en México y la falta de acceso a capitales constituye otra barrera.

El bajo acceso al capital impide la entrada de nuevos negocios y evita que las compañías de tamaño medio se conviertan en grandes empleadores y tengan mayores contribuciones al PIB.

Los altos costos de la electricidad, las fallas en infraestructura y las preocupaciones por la seguridad son también barreras al crecimiento y la productividad.

“Más allá de reformar las regulaciones, México debe continuar fortaleciendo su ambiente de negocios para incrementar su competitividad y para apoyar el crecimiento de las industrias domésticas”, dijo McKinsey.

Una herramienta funcional para el incremento de la productividad a través del descenso de la informalidad, sería ratificar el Convenio 181 de la OIT sobre Agencias Privadas de Empleo. El uso de trabajadores de agencia contempla varios beneficios: formalidad y derechos para los trabajadores, flexibilidad para las empresas y rápida adaptación a los cambios.

Esta ratificación tendría un impacto directo en la productividad generando progreso social y económico.