Una columna de opinión de Sonia Serrano Íñiguez en NTR Guadalajara, abre un interrogante muy interesante acerca de la formación y la movilidad social en México.

La autora se pregunta con un modismo muy mexicano, si México es un país en el que basta “echarle ganas” para salir adelante. Manifiesta que hay casos de éxito que nos harían pensar que sí, pero son contados y que la realidad es otra: nacer en la pobreza condenaría a la mayoría a vivir en la pobreza cuando llegue a la edad adulta.

Esa es una de las conclusiones más importantes que arroja el estudio Desigualdades en México 2018, elaborado por el Colegio de México, y que se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). El origen y características del hogar de las personas “determinan en muy buena medida las condiciones socioeconómicas que experimentan cuando son adultos”.

Al revisar las condiciones de desarrollo de las personas en México, se observa que pueden acumularse desigualdades que aumentan la brecha; por ejemplo, las educativas, las de acceso a la salud, territoriales o de género.

El estudio partió de “las disparidades en la adquisición de competencias para luego explorar los patrones de inserción en los mercados laborales, con un énfasis en las brechas en los ingresos salariales y el acceso a empleos de calidad”.

En el contexto de vulnerabilidad, “las mujeres, las personas con menores ingresos y la población indígena siguen enfrentando mayores dificultades que otros grupos para alcanzar objetivos cruciales en su curso de vida”.

El informe fue elaborado por 11 profesores e investigadores del Colegio de México. Laura Flamand, una de las académicas que participaron en este trabajo, explicó que las desigualdades deben entenderse como “la distribución inequitativa de recursos y oportunidades”.

Según la Constitución federal, todos los mexicanos tienen los mismos derechos. Entre ellos, el acceso a la salud y la educación de calidad, a un trabajo digno e incluso a una vivienda. Sin embargo la realidad es otra.

Como en muchos países de la región, en la actual administración federal hubo una polémica por la medición de la pobreza. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cambió la metodología para medir la pobreza, lo que motivó que un año el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) no aceptara ese insumo.En las últimas dos evaluaciones sí lo tomó en cuenta. Para algunos académicos esto equivale a borrar pobres con fines políticos.

Tal como plantea Serrano Iñiguez, medir adecuadamente implica asumir en la dimensión exacta el problema de la pobreza y de esta manera, tener insumos fiables para la toma de decisiones y acciones que lleven a atacar las desigualdades.

Para Laura Flamand, los programas sociales o aquellos como el seguro popular son útiles ya que mejoran las condiciones cotidianas de las personas, pero no resuelven de fondo el problema y las desigualdades persisten.

El informe muestra también que la baja movilidad social ascendente y el estancamiento de los ingresos laborales de los trabajadores desde 2007 hacen que no basten el talento ni el esfuerzo. Esta problemática es más grave para las mujeres.

El informe tiene insumos muy valiosos para los gobernantes que llegan. Si tienen consciencia de que no basta con “echarle ganas”, dejan de lado las disputas políticas y se acuerdan de que ya las campañas terminaron, puede ser útil para diseñar políticas publicas urgentes.