Existe informalidad laboral cuando las empresas incumplen normativas relacionadas con el seguro social, el pago del salario mínimo, las ocho horas de trabajo, pago de horas extraordinarias. Es decir, cualquier hecho que implique la violación de la ley del trabajo vigente.

Los datos más recientes presentados este año por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que la informalidad a nivel mundial, excluyendo la agricultura, se sitúa en el orden de 50,5%, y la tasa incluyendo la agricultura ronda por 61,2%. América Latina está por debajo del nivel mundial, 49% sin agricultura y 53,1% con agricultura.

Paraguay, por su lado, se encuentra por encima del promedio del continente. De acuerdo al Banco Mundial, que realizó una evaluación del empleo en Paraguay, las cifras muestran que la formalización del empleo ha pasado de 21% en 2008 a 29% en 2015, incluyendo a los empleos en el sector agrícola. Asimismo, la tasa de informalidad sin la agricultura también ha tenido una leve mejoría, pasando de 69,5% a 65,4%.

El empleo informal no es privativo solamente del sector transporte o de empresas pequeñas, sino que se puede encontrar en todos los sectores y de todos los tamaños de empresas. No obstante, hay colectivos y grupos donde es más alta la tasa de informalidad: en empresas pequeñas (81%), mientras que en las empresas grandes es del 21%.

El documento indica que la informalidad laboral es más alta en trabajadores de edades menores, jóvenes de entre 15-19 años (95%) y 20-24 años (71%), sobre todo.

Las actividades de construcción y comercio, restaurantes y hoteles son las que más alta tasa de informalidad presentan, 88% y 72% respectivamente.

En cuanto a las categorías de ocupación, los trabajadores domésticos y por cuenta propia son las ocupaciones más afectadas por la informalidad, 96% y 79,7%, respectivamente.

El informe señala que no hay una única manera de calcular la ocupación informal, pero que con fines de comparabilidad se utiliza la propuesta por los organismos internacionales como el Banco Mundial y la OIT, que tienen en cuenta la cotización a la seguridad social para los trabajadores en relación de dependencia, y la tenencia del registro de contribuyente para los trabajadores independientes.

El concepto de informalidad también está ligado al cumplimiento de otras obligaciones como: respetar el tiempo mínimo y máximo de trabajo, el pago del salario mínimo como piso, los pagos de horas extras, aguinaldo, vacaciones, etc., condiciones de seguridad e higiene en el lugar de trabajo, entre otros. Todos estos no se contemplan en el cálculo.

Luis Tavella, vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), afirmó que sigue habiendo mucha burocracia en las instituciones públicas para tramitar diversos permisos y también el control es casi nulo. “Al no haber control, no hay interés en formalizarse”, dijo.

Sobre el punto, añadió que siempre se controla y fiscaliza a las empresas legales existentes, pero no a las otras (informales). “Además, la idea de que la empresa, por ser chica, puede hacer lo que quiera no puede seguir. En el rubro de alimentos esto es mucho más peligroso”, enfatizó Tavella.

Agregó que en materia de alimentos, una empresa, por más pequeña que sea, debe ser “muy cuidadosa”, porque “no se puede jugar” con la salud de la población. “Sin embargo, hay gente que vende lo que se le ocurre en la calle, sin control alguno, incluso en locales no habilitados”, alertó.

Los trámites deben ser más rápidos, la empresa tiene que poder ir a un solo lugar para inscribirse, y el mayor control “es fundamental”.

Por su lado, el viceministro del Trabajo, César Segovia, consultado sobre qué se puede hacer para reducir la alta informalidad laboral, contestó: “Una de las soluciones es que funcione como debe ser la Policía Laboral, creada por la Carta Orgánica que, a su vez, creó en el 2013 el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social (MTESS).

Recordó que con inspectores bien capacitados, aunque todavía en cantidad insuficiente, en 2015 el ministerio aplicó multas por G. 757 millones. Agregó que en 2016 las sanciones pecuniarias treparon a G. 13.046 millones, y en lo que va de 2017 las multas están llegando a G. 19.000 millones.

Admitió, no obstante, que esto revela que la informalidad sigue existiendo, pero que, por otro lado, que la secretaría de Estado está ejerciendo su nuevo rol de Policía Laboral. “Hasta la fecha hemos multado a aproximadamente 170 empresas, de diferentes áreas. Una cantidad similar está bajo sumario y otro número parecido en proceso de fiscalización”, destacó.

El alto funcionario manifestó que, en ese contexto, han encontrado mayor informalidad es en el sector transporte, que sigue registrado dificultades como el incumplimiento de las ocho horas laborales. “Hemos realizado controles, no solamente en las paradas de ómnibus, sino también en las rutas, con el apoyo de la Dirección Nacional del Transporte (Dinatran), que nos ha permitido elaborar un diagnóstico del transporte público de pasajeros y de cargas”, resaltó.

Añadió que están tomando una serie de medidas tendientes a erradicar la informalidad laboral, gracias al apoyo de la OIT, “pero necesitamos más fiscalizadores, porque solo en el ministerio tenemos registradas más de 70.000 empresas, que con 30 fiscalizadores, obviamente, es imposible abarcar la totalidad”.

El funcionario afirmó que con estas charlas están tratando de “crear conciencia”, mejorando la comunicación con las empresas. “Nuestro objetivo, de hecho, no es recaudar a través de multas, sino que buscamos la formalización de las empresas; es decir, que todas estén cumpliendo con las normas vigentes en el sector laboral”.

Fuente: Color abc