De acuerdo a la OIT (2014), México cuenta con mayores niveles de informalidad que el promedio de países en América Latina. La paradoja es que en este país la informalidad ha funcionado como válvula de escape al desempleo y a la pobreza, pero es también la causa de múltiples problemas económicos y sociales.

Algunos de estos problemas son los que se describen a continuación:

• Fomento de baja productividad: las empresas informales no suelen ser sujetas de crédito, lo que imposibilita que aumenten su nivel de capital por trabajador.
• Incumplimiento de derechos laborales: no están obligadas a pagar un salario mínimo, y tampoco tienen que proporcionar las prestaciones mínimas de la ley para sus empleados.
• Reducción de recaudación fiscal y desequilibrio de finanzas públicas: la carga impositiva se concentra en el reducido porcentaje de empresas y empleados que operan dentro de la formalidad.
• Dificultades para sacar provecho del nuevo tratado de libre comercio con la región de Asia-Pacífico (TPP): empresas informales son incapaces de exportar o importar mercancías, registrar patentes, contratar capital humano de alto nivel, o invertir en capacitación para sus empleados.

Si bien el estado mexicano está trabajando para reducir la informalidad, los esfuerzos realizados son aislados. En otras palabras, es una problemática que no ocupa un lugar central en la agenda pública del país. Los programas federales y locales no están unificados y esto se traduce en resultados magros.

Una política nacional de formalización que privilegiara la eficacia podría integrar los programas hoy dispersos, incluir objetivos y estrategias orientadas para incentivar la formalidad en el largo plazo, y medir el desempeño del esfuerzo en el corto, mediano y largo plazo en vista de realizar ajustes para acelerar la velocidad de los procesos. Además, dicha estrategia de transición hacia la formalidad podría también incorporar, sin temor, programas novedosos acordes con realidades y problemáticas nuevas, como es el caso de la vinculación que existe entre informalidad y fenómenos como la migración o los grupos de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Si observamos lo que sucede en otros países de la región, se han realizado intervenciones enfocándose en atender las problemáticas de las PyMEs, impulsar el cumplimiento de leyes fiscales y laborales, y extender la protección social al mayor número de habitantes.

América Latina cuenta con múltiples casos de éxito en la disminución de la informalidad. El caso de Chile es emblemático; su programa de sustitución de multas por capacitación a empleadores es una política innovadora que reduce las probabilidades de reincidencia de prácticas ilegales.

En otras latitudes, casos de articulación público privada de los servicios de empleo han generado grandes avances.

Sin dudas, combatir la informalidad debe ser tema de agenda para poder incrementar las oportunidades y generar mayor progreso social y económico.