El objetivo principal de la ley de empleo juvenil es promover las fuentes de trabajo entre los jóvenes de entre 15 a 29 años.

Pretende facilitar el acceso al mercado laboral especialmente de jóvenes que provienen de hogares de bajo recursos, que tienen familias a su cargo o que por alguna razón desertaron del sistema educativo. A las empresas que contraten a estos jóvenes, el Estado les pagará determinados subsidios.

Si bien la tasa de desempleo en Uruguay se ubica en el 7,6% según datos del Instituto Nacional de Estadísticas,  el desempleo en menores de 25 años es de 22,5%. Este es el grupo objetivo de la ley.

En la última edición de la iniciativa “Yo Estudio, Yo Trabajo” se presentaron 40 mil jóvenes a concursar por los puestos de trabajo. Este programa brinda una primera experiencia laboral a jóvenes de entre 16 y 20 años al acceder a 600 puestos trabajo en diferentes organismos del Estado.

Existen seis modalidades de implementación de esta nueva ley, entre las que se incluye la “Primera Experiencia Laboral”, en la que el Estado subsidia el 25% del salario nominal con un tope de $13.567. La segunda modalidad es la “Práctica Laboral para Egresados”, en la que se subsidia el 15% del salario nominal con el mismo tope salarial. Esto es lo que suele conocerse como pasantía. Una de las modalidades en las que el gobierno quiere poner más énfasis es el “Trabajo Protegido Joven”, que apunta a jóvenes que vivan en hogares vulnerables. En este segmento el Estado aportará mayor subsidio. Para el caso de las mujeres, el Estado pagará en 80% para dos salarios mínimos, o sea en el entorno de los $16.000. Para los hombres, el 60% de dos salarios mínimos, o sea unos $12.000.

El Director Nacional de Empleo Eduardo Pereira considera que la ley es una buena herramienta para generar puestos de trabajo formales para los jóvenes. “Promover que los jóvenes cuando ingresan al mercado de trabajo tengan una primera experiencia laboral y que sea en un contexto de calidad, en decir con todos los derechos y beneficios que tiene cualquier trabajador. Y que a su vez esta experiencia laboral no signifique la deserción del sistema educativo”, manifestó Pereira.

Si bien la ley se votó en 2013, se reglamentó recién este año. Las autoridades pretenden promocionar más los beneficios ya que hasta ahora se habilitaron 150 contratos y 60 jóvenes están realizando prácticas laborales en 60 empresas.

Queda un largo camino por recorrer.

Uruguay ha ratificado el Convenio 181 de la OIT sobre Agencias Privadas de Empleo en junio de 2004, sin embargo todavía sigue pendiente su reglamentación. La vigencia total de la figura de los servicios privados de empleo con la consecuente articulación con los servicios públicos de empleo, fortalecerían la aplicación de esta ley fomentando la empleabilidad de los jóvenes.