Según un informe elaborado por el diario El País de Uruguay, detrás de los porcentajes difundidos por OIT se esconden historias y comportamientos que explican la informalidad.

Argentina parece ser el país de la ambigüedad normativa.

La carga impositiva sube, las ventas baja y algunos comerciantes de clase media, hijos de comerciantes y empleadores con todos los papeles al día, se sienten sobrevivientes. El tema es que no saben hasta cuándo le durará el oxígeno. Otros comerciantes, tal vez de la misma zona, monotributistas, abandonan el juego legal: cierran sus locales, alquilan un apartamento y allí, puertas adentro, sin cartel y por fuera de la economía formal, siguen recibiendo a sus clientes.

Se trata de un esquema en donde los que hacen bien las cosas no suelen ser recompensados, donde las complicaciones burocráticas y la presión impositiva parecen “invitar” a salirse de la ley y en el que prácticamente todos los argentinos terminan participando.

Que el 46,8% de los trabajadores sean informales, según el reciente cálculo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Argentina, es apenas la punta del iceberg. La informalidad económica, natural y endémica en Argentina, genera falta de tributación, desprotección social y ausencia de información fidedigna para la elaboración de políticas públicas. Pero, por sobre todo, revela el modo en que se concibe al Estado y sus relaciones con la ciudadanía; se vincula con fenómenos políticos como el clientelismo, y establece una difusa frontera entre lo legal y lo ilegal.

“Los argentinos tenemos una ambigüedad estructural hacia las normas —declara el antropólogo e investigador del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas) Pablo Wright a El País— y el Estado ha fomentado esa ambigüedad: no hay una conciencia cultural de que vivimos en un sistema que necesita de ciertos acuerdos para funcionar.”

Según Wright, lo más parecido al mito fundacional de Argentina es la práctica, en tiempos del Virreinato, del contrabando. “El sistema ad hoc de contrabando: ahí está la ambigüedad constitutiva de la nación argentina”, sintetiza el antropólogo.

Luis García Fanlo, sociólogo e investigador del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, vincula la desconfianza frente a lo estatal y la renuencia al pago de impuestos al viejo axioma de los caudillos: naides es más que naides. “Una cultura igualitarista, plebeya, individualista, que recela tanto del Estado como de las instituciones de la sociedad civil en un doble sentido: se considera que son un poder superior cuya lógica social es antagónica con el interés individual y, por otro lado, un poder al que hay que demandar porque tiene la obligación de satisfacer y actuar como un padre proveedor.”

El sociólogo considera que a partir de mediados del siglo XX, con el surgimiento del peronismo, ese modelo cultural derivó en una dinámica en la que las demandas sólo parecen satisfacerse si se acumula suficiente poder de presión.

“Es un ethos nacional porque atraviesa a todas las clases sociales y, en gran medida, es utilizado por el aparato del Estado y los gobiernos para gestionar demandas en dispositivos clientelares”, concluye.

A esta configuración habría contribuido, también, el progresivo deterioro de las políticas públicas, universalistas y de calidad. Así lo sostiene Jorge Ossona, historiador, investigador, quien describe la existencia de una economía informal estratégicamente cultivada en períodos interelectorales, que permite, entre otras cuestiones, que agencias de remises, colectivos y combis “truchas” se pongan al servicio de la movilización de votantes. “Se trata de una particular relación con el Estado que responde a reglas implícitas, muy consolidadas, pero por siempre informales”, precisa el investigador.

Poco de estas dinámicas se condice con la idea de la vida social como un sistema de acuerdos o, incluso, con aquello de que no hay Estado sin impuestos. Más bien, conspira contra estas nociones. “La informalidad reduce las posibilidades de recaudación y de financiamiento de servicios públicos, reduce el impacto de las políticas laborales, atenta contra un sistema amplio de seguridad social, y genera todo tipo de distorsiones e ineficiencias económicas —explica el economista Leonardo Gasparini, director del Cedlas (Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales)—, pero hay que tener en cuenta que es, generalmente, el resultado de una situación socioeconómica, y sólo en parte también una causa. Si el Gobierno lograra eliminar la informalidad de un día para el otro sin absolutamente ningún otro cambio, es posible que extensos sectores de la economía no pudiesen funcionar, y el impacto sobre muchos trabajadores pobres sería negativo.”

La complejidad y el cruce entre vectores económicos, políticos y culturales lo convierten en un fenómeno difícil de aprehender. ¿Cómo entender situaciones tan diversas como las de la persona que trabaja en un taller clandestino, la que adapta el frente de la casa para abrir un quiosco, el profesional autónomo que apenas puede cubrir costos o el dueño de una empresa que no “blanquea” a todo su personal? Si a esto se suma la falta de transparencia al interior del propio Estado, el panorama se complica. “El primer paso para una política capaz de reducir la informalidad es el diagnóstico”, afirma el economista Nadin Argañaraz, director de investigaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). “Debería ser el Estado el que lleve una medición periódica, una radiografía de la economía informal. Pero es muy costoso hacer un estudio de esta naturaleza. Si se quieren datos que realmente sumen, habría que hacer un estudio detallado y muy amplio, a nivel país.”

En lo que hace al universo laboral, el sociólogo Diego Masello, coordinador de Investigaciones de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, viene desarrollando un trabajo que apunta a aclarar el panorama. Distingue dos universos laborales activos hoy en la Argentina: el “sector moderno”, constituido por empresas de alta productividad, buenos salarios, uso de tecnología y establecimientos medianos o grandes; y el sector de “informalidad estructural”, caracterizado por puestos de trabajo de baja productividad, precariedad, carencia de capital, cuentapropismo y, muchas veces, confusión entre los espacios laborales y domésticos (el taller o comercio que se monta en la propia casa). Si bien existen vasos comunicantes entre un sector y otro, el fenómeno del empleo no registrado es muy diferente en ambos. “No todo trabajo en negro obedece a las mismas causas ni se mitiga con la misma política pública”, explica Masello. “Hay que pensar que el empleo informal estructural tiene que ver con economías de subsistencia”. Es decir, personas que se “inventan” un puesto de trabajo, apenas poseen recursos o formación, no están sindicalizadas y no tienen posibilidad de proyección o crecimiento. Muchas de ellas pasaron por el “sector moderno”, perdieron su empleo y hoy subsisten en estas modalidades precarias, suerte de colchón más allá del cual está la exclusión lisa y llana.

Patricia Beatriz Vargas, antropóloga e investigadora del IDES (Instituto de Desarrollo Económico y Social), trabajó con algunos de los protagonistas de este universo que oscila entre la atomización y las redes de confianza ligadas a la lealtad de grupo: los múltiples talleres de costura que, sin formar parte del tristemente célebre trabajo textil esclavo, permanecen en la informalidad. “En muchos de estos espacios trabajan extranjeros indocumentados a los que les parece tan intrincado, complejo e intimidante el contacto con el Estado que prefieren no inscribirse. Se manejan con redes que no tienen que ver con lo formal, sino con la confianza”, explica la antropóloga. Vargas también investigó las prácticas de diseñadores y emprendedores monotributistas que, ubicados en una zona social diferente a la de los talleristas, tampoco encuentran facilitado el camino a la legalidad: “Les cuesta expandirse o llegar a créditos”, explica; y además, destaca lo que denomina su “máxima contradicción”: estos profesionales, entrenados en saberes intrínsecamente ligados al emprendedurismo, no reciben en ningún momento de su formación nociones ligadas a lo contable o la administración.

Lo que surge de todas estas miradas es que, si bien es cierto que en los últimos años se implementaron políticas activas para combatir la informalidad laboral  un enorme conglomerado de matices, cruces y realidades económicas diferentes no termina de ser contemplado por la gestión estatal.

La consecuencia, al menos en la percepción de los contribuyentes, es el desequilibrio tributario y la creciente presión impositiva sobre los que tienen todo en regla. “En una Argentina con una carga tributaria que ronda el 50% del valor agregado, el incentivo a evadir es muy alto —indica Argañaraz—. Si no se disminuye la informalidad, la solución— a la que apelan todos los gobiernos— es subir los impuestos. Yo lo llamo cazar en el zoológico: el gobierno va sobre lo que es más fácil recaudar”.

El fantasma de la competencia desleal muchas veces se ensaña con quienes no precisamente están en la cima del éxito económico: no es al pequeño comerciante que paga monotributo, tasas a la municipalidad e impuestos a la provincia a quien le toca comprender la debacle social tras el “mantero” que se instala en la misma cuadra; le toca a la gestión política, en todo caso, evitar los recurrentes enfrentamientos entre quienes todavía tienen algún recurso para pelear por su lugar social y quienes se perciben en caída libre.

Fuente: Diario El País de Montevideo, Uruguay.