Los jóvenes y las mujeres son los más afectados por el desempleo en Uruguay.

Mientras que la tasa general de desempleo ronda el 8%, entre los menores de 24 años asciende a 22% y entre los jóvenes entre 15 y 18 años  a 36%. El flagelo se potencia cuando se analiza la situación de las mujeres y se torna critico al analizas los casos de aquellas con hijos.

Otro punto importante es la calidad del empleo al que acceden.

Un sondeo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) encontró que 48% de los jóvenes no aportaron a la seguridad social en su primer empleo –67% entre los de hogares más pobres–. Mientras que la informalidad promedio en Uruguay es de 25%, entre los menores de 18 es de 71%, y para la franja de entre 19 y 24 años, de 28%.

En el marco el Mes del Trabajo y organizado por la Secretaría de Empleabilidad para la Inclusión Social de la Intendencia de Montevideo, se realizó una jornada en la que funcionarios nacionales y departamentales debatieron acerca de la problemática joven.

Desde el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), su director, Eduardo Pereyra, se mostró proclive a modificar cuestiones “clave”. Según dijo, el armado de la Ley de Empleo Juvenil, que busca promover el trabajo decente entre los jóvenes, incentivando la mejora de la empleabilidad y favoreciendo la compatibilización de estudio con el trabajo, recogió aspectos políticos, debates y experiencias nacionales e internacionales, pero “es necesario seguir ajustándola, paso a paso”.

Pereyra destaco que esta ley busca que “la inserción en el mercado laboral no implique la deserción del sistema educativo”; por este motivo, preocupa “la baja utilización de licencias por estudio en la actividad privada”. Mientras que un trabajador tiene derecho a seis días de licencia por estudio por año, la ley de empleo juvenil habilita una extensión de este beneficio, sea a través de la reducción horaria o mediante jornadas completas extras.

La ley brinda un subsidio de 25% a los salarios con un tope de 17.968 pesos. Busca promover una experiencia laboral en jóvenes de entre 15 y 29 años de hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, subsidia a remuneraciones menores a dos salarios mínimos con una inclinación en favor de las mujeres (un 80% de su salario, y de 60% en hombres) e incluye el servicio de intermediación laboral sin costo, a través de los Centros Técnicos de Empleo, que realizan tanto una preselección de personal como un seguimiento del empleado.

Pereyra aclaró que no es una política exclusivamente dirigida a jóvenes de baja calificación, sino que abarca también a aquellos que “egresan de sus estudios y no pueden acceder al mercado de trabajo”.

El director del Instituto Nacional de la Juventud del Mides, Federico Barreto, llamó la atención sobre el hecho de que, en el marco del sondeo mencionado, se encontró que “dos tercios de los jóvenes consiguen su primer trabajo a través de redes conocidas”, algo que consideró “impacta sobre la informalidad y la calidad del empleo”.

De cara al futuro, Pereyra adelantó que se está trabajando en tres líneas. Por un lado, en el marco de las prácticas laborales estudiantiles, buscando una manera de remunerar el esfuerzo: “Nos encontramos con trabas en la práctica, con un empresariado que dice que si tuviera que pagar un salario preferiría contratar directamente a un profesional. Por eso, creemos que podríamos crear una categoría inferior –quizás de aprendiz–, generando una regulación que avance sustantivamente en esto, su remuneración, en el entendido de que por más que inexperientes, están aportando al sistema productivo”. También se está proyectando un programa de “estímulo a jóvenes estudiantes”, en el que se buscará “reconocer y ayudar” a aquellos que “están haciendo un gran esfuerzo –por ejemplo, al trasladarse– para mantener su carrera estudiantil”. Por último, avanzar en el programa “Emprendimientos juveniles”, que “premie a los jóvenes con ideas innovadoras”.

Uruguay tiene a mano la posibilidad de potenciar la articulación del servicio público de empleo con las agencias privadas de empleo para poder desarrollar políticas activas de empleo eficientes. SI bien ha ratificado el Convenio 181 de OIT, no ha implementado políticas públicas que aprovechen las ventajas de esta articulación público privada.