El gobierno peruano estableció infracciones y multas en la Ley General de Inspección del Trabajo
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) del Perú estableció una serie de medidas que parecen ir en dirección contraria al fortalecimiento de las diversas formas de trabajo y a la promoción del empleo.
Los artículos del decreto contemplan, entre otros, los siguientes puntos sobre los cuales se aplicaran multas significativas:
Si se usa la tercerización laboral para desarrollar actividades que formen parte del “nucleo del negocio”
Si se usa la tercerización para el desarrollo de cualquier actividad distinta a las actividades principales
Si se usa como simple provisión de personal
Se entiende por “núcleo del negocio” al objeto social de la empresa. Esta medida que denota un profundo desconocimiento del concepto del trabajo del siglo XXI, tendrá un fuerte impacto en toda la economía peruana.
La ratificación, a través de este decreto que endurece el sistema con fuertes multas, de aquel decreto que instaba a la adecuación en un plazo de 180 días a un nuevo régimen (vence el próximo 23 de agosto), deja a Perú sin la figura de la relación triangular del trabajo entre empleado/empleador/empresa usuaria, de probada eficiencia desde hace más de medio siglo para la conformación de mercados laborales más dinámicos, más flexibles y más formales.
La informalidad en Perú es de las más altas de la región. El 76,8% de los trabajadores carecen de protección social y/o de un set de derechos laborales. Restricciones de este tipo solo pueden agravar la situación.
Se estima que la medida pone en riesgo más de 70 mil puestos de trabajo en pequeñas empresas y más de 40 mil en grandes empresas. Asimismo, unas 1000 empresas podrían verse obligadas a cerrar.
Perú debe ratificar el Convenio 181 de OIT sobre agencias privadas de empleo, generar una articulación público privada eficiente para incrementar la empleabilidad de sus trabajadores y a la vez contar con mecanismos que posibiliten el fácil acceso al mercado laboral. Los datos acerca de la contribución de estas organizaciones al mundo del trabajo formal son contundentes. Fiscalización inteligente, partnership y una estrategia de inclusión y formalidad junto a las agencias privadas de empleo es la fórmula; lamentablemente el gobierno peruano parece haber elegido el camino opuesto.