En Honduras y Nicaragua el costo que debe asumir una empresa para formalizar a un trabajador equivale a más del 70% de lo que producirá, mientras que en Costa Rica, El Salvador y Panamá, poco menos del 40%.

Según un estudio elaborado por el BID formalizar un trabajador en América Latina cuesta el 39% de lo que produce.

Los costos salariales y no salariales, en relación a la productividad, son un 50% más altos en América Latina que en el promedio de los países de la OCDE. Los altos costos laborales y la baja inversión en capital humano son factores que favorecen el empleo precario. Impulsar el trabajo formal y una trayectoria laboral de éxito para los trabajadores es la clave para el crecimiento.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó Empleos para Crecer, un diagnóstico detallado sobre los mercados de trabajo de América Latina y el Caribe que ofrece recomendaciones sobre políticas laborales para atacar la informalidad y potenciar la productividad de la región.

El estudio apunta a que los costos para formalizar a un trabajador son demasiado elevados respecto a su productividad. En promedio, formalizar a un trabajador en la región representa el 39 por ciento de lo que producirá. Este factor, junto a una alta rotación laboral – 75% de los trabajadores de la región permanecen más de un año en el mismo puesto de trabajo, frente al 85 por ciento en los países de la OCDE – reducen el bienestar y disminuyen la productividad de la región.

Una educación de baja calidad y la alta rotación de los trabajadores propician relaciones laborales muy frágiles, en las que las empresas no invierten lo suficiente en la formación continua de sus empleados. Así, se perpetúa un círculo vicioso de empleos de mala calidad y baja productividad del trabajo.

En América Latina y el Caribe, la productividad del trabajo sólo ha crecido un 26.6 por ciento desde 1990, un crecimiento lento respecto a zonas como Asia (85.2 por ciento), Norteamérica (37 por ciento) o Europa Occidental (31.2 por ciento).

El estudio concluye que las políticas deben enfocarse en lograr una mayor productividad del trabajo. Para ello, recomienda adoptar políticas enfocadas en dos áreas: 1) la promoción de empleos formales, a través de más y mejor inversión en servicios públicos de empleo, mejores programas de capacitación para jóvenes y personas con dificultades para insertarse en el mercado laboral, mayor protección durante el desempleo y una fiscalización adecuada; y 2) una mayor estabilidad laboral y productiva, que se materialice en más inversión en formación del trabajador, y una regulación efectiva de los despidos.

Así, este paquete integrado de medidas impulsaría una “trayectoria laboral de éxito” para los trabajadores, que garantizara una buena entrada de los jóvenes en el mercado laboral formal, su formación continua en el lugar de trabajo y, si el trabajador pierde involuntariamente su empleo, la protección y los recursos necesarios para reintegrarse de forma rápida y efectiva al mercado laboral.

Es llamativo que no se mencionen los casos de éxito que existen en diferentes países del mundo de articulación entre servicios públicos y privados de empleo así como tampoco se menciona la contribución que hacen al empleo formal los servicios privados de empleo, especialmente en jóvenes y vulnerables otorgando capacitación durante las transiciones.