La presidenta chilena Michelle Bachelet celebró la aprobación en el Parlamento de la ley de gratuidad de la universidad pública, que rompe después de cuatro décadas con un controvertido modelo de educación superior.

“Dimos un paso importante en el camino de la gratuidad en la educación superior, un paso que hace tres años era impensable y parecía imposible de realizar”, dijo la mandataria.

La norma, aprobada los últimos días del año y promulgada antes de Navidad, fue una de las promesas de Bachelet durante su campaña electoral, que la llevó a ganar un segundo mandato al frente el país a partir de marzo de 2014.

En esta primera instancia favorecerá a unos 178.000 estudiantes de escasos recursos, un 27,5% de todos los universitarios del país, que podrán ingresar a estudiar sin costo a las universidades estatales y a determinados institutos privados que cumplan con algunos requisitos, como no tener fines de lucro, entre otras obligaciones.

De acuerdo el compromiso asumido por el gobierno, éste es sólo un paso inicial ya que el proceso total culminará en 2020 con la gratuidad universal de la educación superior. En el 2018, cuando finalice el mandato de Bachelet, se espera que el 70% de los estudiantes de hogares con pocos recursos puedan estudiar sin pagar.

La gratuidad universitaria era un anhelo de millones de jóvenes chilenos, así como de docentes y padres, que encabezaron desde 2011 las multitudinarias protestas estudiantiles para exigir una educación sin costo, de calidad y sin fines de lucro.

Hasta ahora ninguna universidad, incluyendo las estatales, era gratuita. Por el contrario, cobran tasas anuales que ascienden a miles de dólares, desembolso que muchos estudiantes y sus familias no pueden solventar.

En Chile, alrededor de la mitad de los trabajadores percibe salarios inferiores a los 500 dólares por mes, y los costos anuales de las universidades suelen rondar los 3.400 dólares.

El tema de la calidad educativa será sin dudad el gran desafío ya que pese al oneroso pago, tampoco se garantizaba una educación de calidad

Para financiar el costo de la universidad pública gratuita, el gobierno hizo una profunda reforma tributaria que modificó el sistema impositivo en Chile. Uno de los principales cambios fue aumentar en forma gradual los impuestos a las grandes empresas de 20% a 27%, lo que permite sumar 8.300 millones de dólares a la recaudación y asegurar así la financiación de la educación gratuita.

La nueva ley estableció además un incremento en las becas para los estudiantes de los centros de formación técnica e institutos profesionales, establecimientos que no fueron incorporados esta vez en la propuesta, aunque en un plazo de tres años esos planteles deberán ingresar gradualmente en el sistema de gratuidad.

“Seguiremos avanzando hacia una educación superior de calidad, democrática y gratuita, de manera responsable y gradual acorde a las capacidades que tenemos como país”, aseguró la mandataria chilena.  

Es deseable que una vez lograda la gratuidad, se trabaje fuertemente en la calidad y en la renovación de contenidos que permita formar verdaderos profesionales del siglo XXI.