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Por qué Uruguay se opone a la reforma laboral brasilera

Por Matheus Pimentel

El 14 de agosto, dos ministros uruguayos se mostraron en contra de la reforma laboral brasilera, aprobada en julio de 2017.

Rodolfo Nin Novoa, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, solicitó una reunión del Mercosur, bloque económico regional, para discutir la modificación a la legislación laboral de Brasil. El funcionario establece que la economía uruguaya puede verse perjudicada por la nueva legislación brasilera.

Los argumentos del gobierno Uruguayo

“Sin inmiscuirnos en los asuntos internos de Brasil, vemos que es un proyecto que lleva a la reducción de los derechos de los trabajadores (…) a Uruguay le preocupa porque es una forma de competir basada en la quita de derechos laborales, cosa que siempre tratamos de evitar” Rodolfo Nin Novoa, ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay.

El ministro de Trabajo de Uruguay, Ernesto Murro, respaldó las declaraciones de Nin Novoa: “si un acuerdo individual entre empleado y empleador vale más que una ley, retrocedemos dos o tres siglos”. Según Nin Novoa “así va a ser muy difícil competir” y “el salarios de los trabajadores no puede ser una variable de ajuste para la competencia de nuestros mercados”.

En definititiva, Uruguay teme que la nueva legislación laboral de Brasil (la mayor economía de América del Sur y socio comercial importante de Uruguay), perjudique a la economía uruguaya por tener menores costos de producción.

Al producir con menos dinero, las empresas brasileras conseguirán, de acuerdo a los ministros uruguayos, vender sus productos a precio más bajo, afectando la competitividad de los productos uruguayos. Nin Novoa no entra en detalles sobre cuáles son los sectores de la economía que podrían resultar más afectados.

Más allá del aspecto económico, existe un desacuerdo de fondo ideológico entre las administraciones de ambos países. El gobierno de centro-izquierda de Tabaré Vázquez detenta el apoyo de los movimientos sociales y los sindicatos, y defiende una mayor participación del Estado en la economía, posición opuesta a la del gobierno de Temer.

El partido de Vázquez está en el poder desde 2005, habiendo ganado tres elecciones presidenciales consecutivas y teniendo mayoría parlamentaria en ese periodo.

Lo que puede suceder en la práctica

Aún no hay certezas sobre si realizará una reunión del Mercosur para abordar el tema. Pero el gobierno uruguayo afirma que va a insistir y se basa en un acuerdo del bloque que prevé reuniones de este tipo.

El Mercosur es un bloque económico formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay – Venezuela está suspendida por represalia de estos cuatro países, sobre el argumento de rompimiento del orden democrático.

Fue fundado en 1991, siguiendo el modelo de integración regional de la Unión Europea, con el libre tránsito de las personas y las mercaderías entre países, y una política económica común. Sin embargo, aún está lejos de estos objetivos. Actualmente funciona como una unión aduanera, es decir, utiliza las mismas tasas arrendatarias para los productos que vienen desde fuera del bloque.

La propuesta de Uruguay es que se reúna una comisión para someter a debate la nueva legislación brasilera, guiándose por la “Declaración Sociolaboral”, acuerdo firmado en 2015.

Es improbable que haya alguna represalia del Mercosur hacia Brasil por estos motivos. De todas formas, puede haber un efecto simbólico negativo para el gobierno de Temer, en el caso de que el bloque decida pautar el tema.

Lo que respondió el gobierno de Brasil  

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil (conocido como Itamaraty) convocó al embajador Uruguayo en Brasilia, Carlos Daniel Amorín-Tenconi, para que esclarezca la posición del gobierno Uruguayo en torno a la reforma laboral.

En la práctica, se trata de un gesto que indica una desaprobación a la conducta y declaraciones de los ministros del gobierno uruguayo. En la diplomacia, cuando un país habla de temas internos de otro (como es el caso de la reforma laboral), es común que haya algún tipo de retaliación.

En este caso, Uruguay afirma que la legislación laboral brasilera lo afectará directamente y, por ende, no se trataría de una intromisión, sino de una “defensa de los intereses nacionales” uruguayos.

El Itamaraty declaró que aún no fue notificado oficialmente sobre la pretensión del gobierno uruguayo de realizar una reunión del Mercosur, pero el tema volverá a ser discutido en los próximos días.

Desde el momento de tramitación de la reforma laboral, el gobierno de Temer negó que la nueva legislación vaya a reducir los derechos de los trabajadores, pero estableció que adecuará leyes antiguas a circunstancias actuales del mercado de trabajo (que incluso beneficiarían a los trabajadores) y que eso estimulará el crecimiento económico. En las propagandas, el gobierno usó el término “modernización laboral”.

Cuáles son los cambios de la reforma laboral

La reforma laboral fue sancionada en julio de 2017. Entrará en vigor en 120 días, pero el gobierno deberá presentar una medida provisoria en breve para modificar otros puntos de la legislación y especificar los cambios de la ley aprobada por el Congreso.

La principal oposición a Temer viene de las centrales sindicales que se opusieron a la reforma, afirmando que elimina derechos a los trabajadores e incrementa la asimetría entre empleadores y trabajadores.

Principales puntos

Acuerdo sobre lo legislado – lo que fue firmado entre los sindicatos y los empleadores en 13 temas (como por ejemplo vacaciones, jornada laboral, horario de descanso, y remuneración) prevalecerá por sobre lo escrito en la ley. Anteriormente, los acuerdos que iban en contra de la ley podían ser cuestionados en la Justicia.

Trabajo Intermitente – modalidad nueva de contratación laboral, un tipo de trabajo temporario dentro de la ley, por el cual el pago es realizado al finalizar cada periodo de prestaciones de servicio.

Impuesto sindical – la contribución a los sindicatos deja de ser obligatoria y pasa a ser opcional. En la principal fuente de ingresos de las entidades que representan a los trabajadores. Las centrales, en tanto, negocian reemplazar este tributo por otro, como forma de transición.

Fuente: Nexo

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